Pobreza y desigualdad: a no perder el enfoque

Estos últimos días la agenda informativa ha estado fuertemente cargada por la publicación de los datos obtenidos de la última encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica) correspondiente al período 2006 – 2009, que es desarrollada por el Ministerio de Planificación con el apoyo logístico de la Universidad Alberto Hurtado. Una vez más vuelve a la palestra la situación de precariedad social en la que a diario se insertan miles de chilenos y chilenas, claro que esta vez con un distintivo especial: de acuerdo a este estudio por primera vez en 20 años el nivel de pobreza en Chile aumentó de un 13,7% de la población nacional a un 15,1 %. Ello complementado con otro dato: en dicho período también se aprecia una agudización en el desequilibrio de la distribución de la riqueza.

Como era de esperarse no tardaron en llegar la seguidilla de reacciones políticas de uno y otro bando. Los partidos oficialistas se avocaron a hacer trizas las políticas de protección social comandadas por los anteriores gobiernos y sus aparentes logros en la materia (especialmente por del de Michelle Bachelet). Por su contraparte la Concertación acusando recibo del golpe de la derecha, se empecinaba en defender a rajatabla la efectividad de las medidas de protección social adoptadas durante sus mandatos traspasándoles el problema a sus adversarios arguyendo su falta de voluntad para reformar de raíz el actual sistema económico.

Más allá de los dimes y diretes, tengo legítima preocupación de que estas rencillas se enfrasquen en eternas discusiones políticas perdiendo el verdadero norte: qué hacer para mejorar la situación de nuestros compatriotas más desposeídos.

Es gratificante apreciar que en nuestra sociedad existe cierto consenso de que es fundamental la injerencia del Estado para corregir este aberrante perjuicio a la supervivencia humana. Ahora el punto es determinar cómo ella se puede llevar a cabo y en qué medida.

Como punto de partida creo que es imprescindible reconocer lo que a estas alturas es un hecho notorio: la ineficacia de nuestro actual sistema económico, que deja prácticamente abandonadas a su suerte a las personas. La salud es una clara muestra de ello. Quien dispone de amplios recursos económicos puede optar por la prestación de servicios por parte de una clínica privada, la cual de seguro contará con personal altamente calificado y con equipamiento de primer nivel. En la otra acera una persona perteneciente a un estrato socioeconómico inferior para satisfacer sus necesidades sanitarias básicas dispone de un precario sistema público de salud. Deberá levantarse a las 6 de la mañana para acudir al consultorio más cercano a domicilio, hacer una larga fila para recién obtener un número de atención que le postergará por mínimo en unos 3 meses sus posibilidades de ser atendida.

Ello nos deriva a uno de los erróneos diagnósticos que se suele citar para dar cuenta de existencia de la pobreza: el exiguo crecimiento de la economía nacional durante los últimos años. Si uno se pusiera en el otro escenario cabe preguntarse ¿Un alto crecimiento económico garantiza per sé bienestar social? Lo más seguro es que no, que por más que nuestra economía crezca a una tasa anual de un 7% la riqueza obtenida seguirá siendo capturada por un mínimo porcentaje de la población si ello no se corrige de una vez.

Llega a ser majadero el discurso de los políticos y ciertos actores sociales que una y otra vez emplean términos como pobreza, desigualdad, no apreciándose en sus palabras una real intención por hacer algo para revertir esta nefasta tendencia. Sinceramente creo que no hacen faltas encuestas elaboradas con una dudosa metodología (usted que está leyendo este artículo puede preguntarse en estos momentos si fue encuestado). Un simple ejercicio puede ayudar a clarificar el asunto: en un par de horas se puede transitar desde los barrios marginales de cualquier ciudad en Chile, hasta aquellos lugares donde se atrincheran las personas con una situación más acomodada.

Creo que ha llegado la hora de elevar la calidad del debate. Debemos propiciar soluciones concretas tales como una mejora sustancial de nuestro nefasto sistema educativo (uno de los principales causantes de esta puñalada al alma de la sociedad) y redefinir el rol que debería jugar el Estado para asegurar un estándar mínimo de supervivencia para sus habitantes. De lo contrario demostraríamos una vez más nuestra ferviente devoción por medidas cortoplacistas y con poca efectividad (algo que parece no escapar al actual gobierno el cual considera como principal medida en este plano cambiar el nombre del actual Ministerio de Planificación por Ministerio de Desarrollo Social) lo que al final del día haría que más vean mermadas sus expectativas de surgimiento no pudiendo abstraerse de ese círculo vicioso.

Mayor información de la encuesta CASEN 2006 – 2009 en: http://www.mideplan.cl/casen2009/pobreza.php

Alzas de pasaje: cuando es peor el remedio que la enfermedad

Durante esta semana el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones emitió un nuevo comunicado sobre aumento en las tarifas del sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago (conocido popularmente como transantiago) que regirán a partir del lunes 17 de mayo de 2010.

Es bastante legitimo a estas alturas cuestionar la real eficiencia del sistema tras 3 años desde su puesta en marcha, sobre todo en lo que respecta en el plano económico. Año a año este sistema de transportes le ha costado caro al país debido a las pérdidas que arrastra, las cuales han tenido que ser paliadas con diversas medidas que han implicado un cuantioso desembolso para el erario público.

De acuerdo a estimaciones preliminares, solo el año 2009 el sistema arrojó una perdida aproximada de US$700 millones de dólares, cifra que psicológicamente puede aparentar ser exigua, pero que al hacer la correspondiente conversión a moneda nacional resulta estratosférica.

Esta situación de déficit se ha generado en primer lugar por congelamiento de las tarifas del sistema durante un tiempo considerable, en segundo lugar el latente factor de la evasión y en tercer orden podríamos ubicar a una malla de recorridos deformada a tal punto en relación a su génesis que ha dado origen a recorridos con baja rentabilidad social.

Cabe señalar que durante la gestión del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones René Cortázar Sainz entre los años 2007 y 2010, se aplicó una única subida al precio del pasaje adulto de $20 tanto en hora valle como en hora punta.

Es curioso que durante estos días la administración de Sebastián Piñera ha tomado como caballito de batalla la delicada situación financiera del transantiago, para enfrentar desde otro flanco a la oposición y de cierta forma intentar acallar las reiteradas críticas que ha recibido por parte de la ciudadanía a raíz de una serie de desaciertos cometidos tan solo a unos meses desde su asunción al poder.

Precisamente una de estas medidas impopulares implementadas por el gobierno se vincula con las reiteradas alzas a las tarifas del transporte público de Santiago, situación que no se daba desde las otrora micros amarillas. En efecto, en el mes de enero el pasaje adulto costaba aproximadamente $420 y el pasaje estudiante $120, cifra que ha ido escalando mes a mes.
Si bien es importante solucionar a como de lugar la situación de insolvencia económica del sistema, empleando una tautología, ello no se puede hacer a cualquier precio, ya que estas aparentes alzas leves, inciden exorbitantemente en los limitados presupuestos de las familias que a diario emplean la locomoción colectiva para movilizarse a sus lugares de trabajo, académicos, recreativos, etc.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) es el indicador empleado en Chile para medir el nivel de inflación en la economía tomando en consideración una canasta básica de alimentos dentro de la cual se incluye entre otros precios, el costo de la movilización colectiva. Por lo tanto este tipo de subidas desencadenan un efecto dominó en la economía, afectando también afectan a las personas que contraen obligaciones financieras reajustables de acuerdo al IPC y en último término elevando el ya encarecido costo de la vida.

Por otra parte estas alzas sucesivas no representan una garantía absoluta para lograr una eficiencia y optimización en los recursos financieros del sistema. En efecto si no se modifican las multas aplicables a los infractores que no paguen sus pasajes (evasores), ni menos aún se construyen Zonas Pagas definitivas que permitan mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros y optimizar el flujo de los mismos, se seguirá metiendo dinero a un saco sin fondo.